La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de anular las primeras dos leyes (de seis) modificadas en la reforma electoral del plan B, es de suma trascendencia para el orden constitucional y la estabilidad política de México. Significa que la mega elección de 2024 -donde se renovará la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, 31 congresos locales y más de 1800 ayuntamientos, así como nueve gubernaturas-, se organizará con las reglas e instituciones que en el pasado ya han ofrecido certeza y transparencia a los comicios.
Las dos reformas anuladas se aprobaron por completo en diciembre de 2022. Se trata de las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades de los Servidores Públicos, respectivamente, que contradecían a la Constitución porque permitían la intromisión de los gobernantes en los procesos electorales, abandonando el papel de neutralidad a que los obligan los artículos 41 y 134 de la Carta Magna. Sin embargo, la Corte no necesitó entrar al fondo de las leyes para invalidarlas, puesto que fueron aprobadas violando la propia normatividad parlamentaria. Con independencia de su contenido, su manufactura resultó contraria a la Constitución, tal como se demostró en el proyecto del ministro Pérez Dayán, y por eso han sido expulsadas del marco jurídico. Perduran, entonces, esas leyes en su versión previa.
Las otras cuatro leyes, que fueron aprobadas en un primer momento en el mismo proceso legislativo que ya se declaró invalido, si bien se terminaron de votar hasta 2023, están condenadas a similar destino. Se trata, entre otras, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que lastimaba la autonomía del INE, desaparecía a sus 300 Juntas Ejecutivas Distritales y mutilaba a las 32 Juntas Ejecutivas Locales, poniendo en peligro la instalación de casillas, el adecuado cómputo de los votos y una oportuna publicación de resultados. Esas modificaciones legales, incluso inducían la nulidad de la votación. El ministro Laynez, a cargo de elaborar el proyecto sobre la constitucionalidad o no de estas otras cuatro leyes, ya decretó la suspensión solicitada por el INE a toda la reforma. Es cuestión de tiempo que la Corte, en congruencia con su decisión del lunes 8 de mayo, declare inconstitucional esta segunda parte del plan B.
Debe subrayarse la pulcritud jurídica de la decisión de la Corte y la reivindicación de su independencia en medio de la mayor campaña de ataques desde el gobierno a la función del Poder Judicial. La ciudadanía que se movilizó en noviembre y febrero debe permanecer atenta a la defensa de la división de poderes y la integridad de los ministros y ministras.
La Corte cumplió su misión más valiosa: ser la última y clara defensa del orden constitucional.
Superado el peligro mayor del plan B, queda un camino de retos y desafíos hacia 2024. Para empezar, que el INE cuente con los recursos presupuestales necesarios para cumplir con su misión y dar condiciones para el ejercicio del voto libre y secreto de más de 96 millones de electores.
Por otra parte, la reacción desde el poder contra la Corte, como lo ha hecho antes contra el INE, el INAI y toda pieza del ecosistema democrático, alerta de que podemos ver una conducta sistemática desde el gobierno de desafío a las reglas electorales vigentes. El proselitismo adelantado de sus precandidatos es un claro botón de muestra de cómo se buscan obtener ventajas indebidas.
Las autoridades electorales se fortalecerán si son tan respaldadas como exigidas en su obligación de actuar con plena autonomía e independencia. Nada más, pero nada menos.
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